Recibido: 29 de abril de 2022
Aceptado: 24 de octubre de 2023

Resumen

Objetivo: analizar políticas sobre ecoturismo en Colombia como oportunidad de inclusión laboral en el posacuerdo con las FARC-EP, cuyo alcance consistió en identificar las políticas públicas para el impulso del ecoturismo y su aporte para la inserción laboral de víctimas del conflicto armado colombiano.
Diseño/metodología: tuvo carácter descriptivo y analítico, tipo mixto. Los métodos empleados fueron: recolección de datos o heurístico y hermenéutico. Las fases se desarrollaron en tres etapas: indagación, a documentos de política ecoturística; heurística, organización de datos para solución de interrogantes; analítica e interpretativa, de definiciones, tendencias, relaciones y propuesta de políticas.
Resultados: se encontró que en el marco legal-conceptual de las políticas no hubo transformación de fondo de su quehacer para implementar el enfoque de sustentabilidad fuerte ni la pluralidad. Las oportunidades de inclusión laboral no están explícitas. La propuesta de política sobre ecoturismo comunitario radicó en: formulación de políticas básicas de desarrollo productivo, valoración e implementación de procesos de incorporación a la vida civil desde la visión de los mismos actores; valoración y estímulo para alianzas y promoción de relaciones entre diferentes agentes sociales del territorio y su participación en toma de decisiones: atención primordial a la seguridad; priorización de inversión en infraestructura; asignación de capital semilla para emprendimiento; apoyo tributario y diferencial para comunidades; formación; mejoramiento de la conectividad digital; y fomento de la investigación.
Conclusiones: el ecoturismo integra las dimensiones: cultural, ambiental y productiva. Las tendencias se fundamentan en la participación de la comunidad y la sustentabilidad. Con relación a la inclusión laboral, no son explícitos los mecanismos que posibiliten su materialización.
Originalidad: el estudio explora la pertinencia e integración de las políticas públicas del Estado colombiano en relación con la paz, las comunidades y el ecoturismo.

Abstract

Purpose: The objective was to analyze ecotourism policies in Colombia as an opportunity for labor inclusion after the peace agreement with FARC-EP. This study aimed to identify public policies that promote ecotourism and its contribution to the labor inclusion of victims of the Colombian armed conflict.
Design/methodology: The methodology was descriptive and analytical, using mixed methods. Data collection or heuristic and hermeneutic methods were used. The methodology was divided into three stages: (1) inquiry, searching for documents on ecotourism policy; (2) heuristic, organizing data to answer questions; and (3) analytical and interpretative of definitions, trends, relationships, and policy proposal.
Findings: It was found that, in the legal-conceptual framework of the policies analyzed in this study, there was no fundamental transformation of ecotourism to implement the strong sustainability approach or plurality. Opportunities for labor inclusion were not explicit in these policies. The policy on community-based ecotourism proposed by the national government was composed of several aspects: the formulation of basic policies for productive development; valuation and implementation of processes for transitioning to civilian life from the perspective of the actors themselves; valuation and promotion of alliances and relations between different social agents in the territories and their participation in decision-making; special attention to security; prioritization of infrastructure investment; allocation of seed capital for entrepreneurship; tax and differential support for communities; education; improvement of digital connectivity; and promotion of research.
Conclusions: Ecotourism integrates cultural, environmental, and productive dimensions. The main trends in this field are based on community participation and sustainability. Regarding labor inclusion, the mechanisms that make it possible are not explicit in ecotourism policies.
Originality: This study explores the relevance and integration of public policies by the government of Colombia regarding peace, communities, and ecotourism.

1. INTRODUCCIÓN

Colombia es reconocida por ser el tercer país más biodiverso del mundo por su variabilidad climática, en ecosistemas, por su riqueza en flora y fauna (Noreña-P et al., 2018; Gori et al., 2022; Serrano Frattali, 2023). En la flora, representada en especies de plantas con flores, helechos, musgos, líquenes; la diversidad de la vegetación, con tipos de selvas, matorrales, pastizales y rosetales. En fauna es el más rico en aves y anfibios; por su parte, en reptiles y mamíferos (Mora Forero y Pérez Rodríguez, 2021; Harrill et al., 2023). Versatilidad que según la red nacional de datos abiertos sobre biodiversidad (SIB Colombia, 2022) representa entre 200.000 y 900.000 especies en el territorio Nacional, que las cuales se manifiestan en cinco regiones naturales continentales, con topografía muy heterogénea y hábitat con alta variación (Rangel-Ch, 2015). Esta megabiodiversidad hace del turismo de naturaleza, en particular del ecoturismo, una actividad con grandes potencialidades para la conservación y preservación ambiental, alternativa para afianzar y consolidar la paz en los territorios (Villamizar Barahona, 2017; Guerrero-Muñoz et al., 2020; Huddart et al., 2022), y mejorar la calidad de vida de sus habitantes desde lo sociocultural y socioambiental (López de Parra et al., 2020).

En el Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera (Gobierno Nacional y Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo [FARC-EP], 2016), acápite de los principios, el turismo es concebido como una forma de producción para el desarrollo integral del campo, en el cual también se aspira al bienestar y buen vivir de las comunidades urbanas y rurales y al desarrollo sostenible, características estas propias del ecoturismo. En esta dinámica, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (2015) promueve la relación ecoturismo e inserción laboral de víctimas del conflicto, en el marco de la estrategia de Turismo, paz y convivencia. En la perspectiva del ecoturismo, como alternativa de construcción de paz, se aboga por el enfoque de justicia ambiental y aplicación de derechos humanos con integralidad con el propósito de generar respeto a los límites ambientales y a los derechos de las comunidades participantes (Sánchez Supelano, 2019).

Ante esta perspectiva, son pocas las investigaciones que abordan el problema de los lineamientos sobre políticas públicas para el fomento del ecoturismo y para la inserción laboral de los habitantes considerados víctimas por procesos de violencia en el territorio. Se estudian sus relaciones con: la política y la normatividad, la paz, la inserción laboral y la sostenibilidad o conservación. En el ámbito internacional, Regmi y Walter (2017) hacen en su investigación un análisis de la agenda política mundial sobre el ecoturismo comunitario, específicamente para el desarrollo de sus beneficios económicos, sociales, educativos y medioambientales; al respecto, concluyeron que el enfoque de esta actividad debe pasar de las formas modernistas y economicistas a diseños más controlados y participativos de la comunidad para la sostenibilidad.

En Colombia, con referencia a la política pública sobre ecoturismo o turismo de naturaleza, Rodríguez Alarcón (2019) indaga acerca de lo económico, sociocultural y ambiental en las experiencias de turismo, comprendidas como estrategias de desarrollo sostenible en los contextos de crisis o conflictos; tal es el caso de los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), según el Decreto 893 de 2017. La orientación es hacia el ecoturismo y el agroturismo para el desarrollo económico, la diversificación del empleo y la reconstrucción del imaginario del lugar. La necesidad evidenciada es la de impulsarlos, a través de la asociatividad -o trabajo comunitario-, la concertación de los actores, la preservación de los valores, las tradiciones y cultura del territorio. Igualmente, hay diferencias según el contexto, respecto a la equidad y a la búsqueda de incentivos para la conservación.

Caviedes Rubio y Olaya Amaya (2018) formulan que las Normas Técnicas Sectoriales de Sostenibilidad Turística (NTS-TS) y el Sistema de Gestión Ambiental, según la Norma ISO 140012015, tendrían incidencia sobre el ambiente del sector turístico y las veintitrés áreas protegidas. Es imperativo comprender la importancia de la sostenibilidad mediante la cual se conserva y protege el patrimonio natural y cultural a través de metodología de: Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA). Asimismo, los impactos de la aplicación de las normas se relacionan con lo sociocultural (participación, respeto por la cultura local, beneficios económicos y sociales reales) y lo ambiental (conservación de los ecosistemas naturales y la sostenibilidad). Las normas técnicas de sostenibilidad bien manejadas facilitan el ecoturismo de manera responsable y amigable. En este sentido, se requieren campañas de sensibilización y comunicación para la certificación de las organizaciones y asociaciones comunitarias.

Después de la firma del Acuerdo (Gobierno y FARC-EP, 2016), para Gil Pedreros (2016), la productividad aunada con la educación y el acompañamiento psicosocial son condiciones para la inclusión e inserción laboral de los excombatientes. Villamizar Barahona (2017) analiza la evolución y auge del sector del turismo en Colombia desde la dinámica del conflicto armado para identificar los elementos que lo hacen un instrumento para el desarrollo social y económico y para cimentar y consolidar territorios de paz. La perspectiva se centra en el ecoturismo porque puede convertirse en una posibilidad para fortalecer la paz, y como mecanismo de desarrollo sostenible (Menchero Sánchez, 2018).

Rodríguez González (2019), por su parte, presenta una experiencia de cómo la actividad ecoturística en el Chocó se ha convertido en una alternativa de emprendimiento para jóvenes; además, analiza las oportunidades económicas obtenidas a partir de la biodiversidad del territorio mediante la exaltación de las riquezas naturales y culturales con el impulso de caminatas ecológicas. Para lograrlo, un requerimiento es contar con el apoyo del Gobierno a través de la expedición de política pública para que esta gestión comunitaria genere mejor calidad de vida a la población. Restrepo Lizcano et al. (2019) estudian la correlación entre turismo, posconflicto y la cuota tributaria que grava el alojamiento o pernoctación del turista con la finalidad de apoyar el desarrollo social en el posconflicto. Aunque los entrevistados tienen una visión esperanzadora para el afianzamiento de la paz a través de actividades económicas sostenibles, no concuerdan con el mecanismo de este tipo de tributos.

En el contexto del departamento del Caquetá, una de las zonas donde se vivió de manera más álgida la violencia política en la década del noventa, Rivera Cabrera y Echeverri Rubio (2020) concluyen que en el posacuerdo con la FARC-EP se han mejorado las condiciones de seguridad del departamento; los habitantes de la región le apuestan al turismo como medio para alcanzar el desarrollo local sostenible porque tiene la potencialidad para fortalecer la cohesión social, mejoramiento de los imaginarios sociales, conservación del ambiente y generación de ingresos para las comunidades locales.

No obstante, Salinas Casas y Ramírez Ramírez (2019) identificaron que en Colombia la implementación del turismo de naturaleza, del que hace parte el ecoturismo, tiene carencias por la falta de coherencia entre la formulación y aplicación de las políticas públicas y la concreción acorde con los principios y objetivos del desarrollo sostenible; en consecuencia, se presenta una falta de articulación entre el desarrollo económico, la integración social y la sostenibilidad ambiental.

Para Rodríguez Alarcón (2019) son objeto de análisis las estrategias socioeconómicas sostenibles en el departamento del Meta, particularmente, los elementos económicos, socioculturales y ambientales. Como tendencias se evidenciaron el ecoturismo y el agroturismo sostenible, asociados a propósitos de obtención del desarrollo integral, diversificación del empleo, reconfiguración de la imagen del destino, asociatividad, equidad de género y búsqueda de incentivos para la conservación.

Bellinzas y Presciani (2021) plantean que los elementos multidimensionales para la construcción de la paz a través del ecoturismo son: a. Seguridad (desmovilización y control del Estado), b. Marco político (cultura democrática y buena gobernanza), c. Contexto socioeconómico (infraestructura, educación, economía, salud, reinserción), y d. Reconciliación y justicia (diálogo, verdad y reconciliación, trauma-terapia y curación). Para lograr el desarrollo económico y consolidación de la paz, la actividad empresarial ha de realizarse a través de toda su cadena de valor y de la observancia y aplicación de los derechos humanos, la participación comunitaria y el apoyo institucional.

De las falencias analizadas con respecto al turismo sostenible se acotan, entre otras, las siguientes: poca claridad acerca de las competencias y marco normativo ambiental; escasos criterios ambientales asociados a la planificación y gestión sostenible del turismo (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020). Asimismo, se formula que la Ley General de Turismo (Ley 300 de 1996), aunque regulaba aspectos como las actividades propias del sector, las características y condiciones del servicio turístico, lo institucional, procedimental, reglamentario y sancionatorio, en particular del ecoturismo, solo se enfatiza en los principios rectores de esta actividad. Por otra parte, se presenta confusión en los límites de competencia para la protección del ambiente. De manera específica, se plantea que: a). En las normas poco se enfatiza en la sostenibilidad. b). Los actores del sector turismo tienen vacíos de conocimiento de la normatividad ambiental. c). Hay una débil delimitación de las competencias entre las autoridades turísticas y las ambientales. d). Incorrecta aplicación de las NTS-TS. e). Necesidad de ajustar la certificación en normas técnicas de sostenibilidad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 2020).

El interrogante para resolver en este trabajo fue: ¿cuáles son las políticas en Colombia sobre el ecoturismo como oportunidad de inclusión laboral en el posacuerdo con la FARC-EP? Las subpreguntas fueron: a). ¿Cuáles son las definiciones de ecoturismo y categorías relevantes de la política pública y normatividad del ecoturismo? b). ¿Cuáles son las tendencias de las categorías relevantes de los documentos analizados? El objetivo fue analizar las políticas en Colombia sobre el ecoturismo como oportunidad de inclusión laboral en el posacuerdo con la FARC-EP.

Resolver la pregunta contribuye, en primer lugar, a identificar los lineamientos públicos expedidos para el fomento del turismo alrededor de las potencialidades naturales del territorio; además, se configura en un aporte para la inclusión laboral de los excombatientes y de las víctimas de un conflicto álgido, prolongado, de hondas y graves repercusiones en el territorio colombiano. En segundo lugar, proporciona el análisis teórico de los enfoques de sustentabilidad subyacente en dicha política. En este sentido, el ecoturismo es valorado por su potencialidad para la obtención del desarrollo local y la conservación y protección del ambiente; de ahí, su vínculo con la sustentabilidad y la participación comunitaria.

El propósito del ecoturismo, entre otros, es el equilibrio entre economía, sociedad y naturaleza (López-Gómez et al. 2017). Otras relaciones inherentes son: la recreación y el disfrute con la naturaleza, dinámicas y prácticas socioculturales de las comunidades participantes en conexión con la sustentabilidad a través de acciones orientadas a la conservación de la biodiversidad y de los valores culturales locales. Desde esta óptica, el turismo basado en la naturaleza es considerado como una alternativa para la conservación ambiental y para un mejor vivir de la población (Pérez-Ramírez y Contreras De la Torre, 2017) porque brinda oportunidades para la diversificación productiva y el acceso al trabajo y, por ende, para la inserción laboral. De ahí, el interés por la indagación de las políticas acerca de estrategias socioeconómicas y ambientales con la comunidad, existentes en este campo.

A partir de Pearce y Atkinson (1998), la visión teórica asumida para resolver los interrogantes fue la del desarrollo sostenible en tres categorías: súper-fuerte, fuerte y débil. En este trabajo se asume la categoría del desarrollo sostenible desde la perspectiva súper-fuerte. Aquí, se formula la valoración múltiple del ambiente desde diversas dimensiones, no solo lo económico o lo ecológico; también, lo social, cultural y las valoraciones estéticas y religiosas. De este modo, se defiende el principio o enfoque precautorio en el que, ante posibles impactos negativos para el ambiente de una determinada actuación o actividad, permite que la decisión política no dé derecho a su ejecución. Todas las valoraciones se han de analizar y tener en cuenta para la construcción de política sobre gestión ambiental. Plantea propuestas más radicales y transformadoras ante el desarrollo convencional, al concebir la naturaleza como sujeto de derechos y darle reconocimiento a sus valores propios o intrínsecos; de ahí que, lo inherente es concebirla como patrimonio natural y no como capital natural. Se impone la ética de la responsabilidad para mantener el acervo natural y cultural, requiriendo la participación de las comunidades. En esta perspectiva, «la sustentabilidad súper-fuerte se vuelve necesariamente participativa y consultiva, y tiene un mayor papel la política sobre la gestión» (Gudynas, 2011, p. 83). El autor propone que en este tipo de enfoque la naturaleza sea concebida como albergue de la vida y, dada la polisemia del concepto de desarrollo sostenible, especifica, además, otras dos acepciones: a) desarrollo sostenible fuerte, b) desarrollo sostenible débil.

Por su parte, la categoría del desarrollo sostenible fuerte cuestiona y critica al progreso convencional; aunque acepta la consideración de la naturaleza como una forma de capital, reconoce la importancia de asegurar los componentes críticos de los ecosistemas. De igual forma, plantea la complementariedad entre varias clases de capital: el natural y el artificial. Esto obliga a la protección de elementos claves de la naturaleza para asegurar la permanencia de los ecosistemas y se reconoce el valor económico y el ecológico al definir áreas protegidas. Va más allá del mercado al aceptar la importancia de tener en cuenta la capacidad de carga de los ecosistemas para que no se extingan las especies. Esta visión incide en la valoración de la participación más flexible con instrumentos de mando y control.

A su vez, la categoría del desarrollo sostenible débil hace énfasis en el crecimiento económico sin destruir la base ecológica. Se aceptan diversas formas de mercantilización de la naturaleza a través de la aplicación de innovaciones científico-técnicas. Lo económico es considerado como el motor del desarrollo y la internacionalización de la naturaleza en el mercado. Lo ambiental debe tener un precio o valor de uso o de cambio y sujeto a derechos de propiedad.

Por otra parte, este artículo, como resultado de investigación, está estructurado en los siguientes elementos: a) introducción; b) metodología; c) resultados, en ellos se presentan las definiciones de ecoturismo y categorías relevantes de la política pública y normatividad relacionada y las tendencias vigentes sobre el disfrute de la naturaleza en Colombia en el período del posacuerdo con la FARC-EP. Con base en lo identificado, se formula una propuesta de agenda de política para la inclusión laboral en el período de la consolidación de la paz; d) discusión: a raíz de lo analizado se plantean recomendaciones de estrategias para el fomento del ecoturismo comunitario como oportunidad laboral y aportes para el campo del ecoturismo; e) conclusiones.

2. METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter descriptivo y analítico; de tipo mixto, porque se trabajó, por una parte, con datos de tipo cuantitativo para identificar las mayores tendencias en las normas y documentos de política pública y, por la otra, con datos de tipo cualitativo para el análisis de estas. Descriptivo, porque da cuenta de las principales características de los documentos que abordan las regulaciones normativas sobre el ecoturismo, la identificación de los patrones en su contenido y el enfoque que subyace en ellas. Los métodos empleados son: heurístico, organización y sistematización de datos, y el hermenéutico, para su interpretación. En este, hay una estrecha relación entre preguntar y comprender a través del diálogo (Arráez et al., 2006). Así las cosas, se estableció el diálogo de saberes a través del análisis de contenido de las normas sobre política del ecoturismo, con la finalidad de conocer las representaciones identificadas en los materiales analizados y poder, de esa manera, ver el grado de inclusión en los lineamientos políticos para la reintegración.

Diseño de investigación

La ejecución de esta investigación se realizó en tres fases: a) indagación, b) heurística, y c) analítica e interpretativa.

La primera fase, la indagación, se ejecutó mediante la revisión a los documentos de política ecoturística con base en la pregunta formulada en el problema de investigación, y en las subpreguntas del proyecto de investigación realizado en la Universidad de la Amazonia con el apoyo financiero del Ministerio de Ciencias, denominado: Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en el Municipio de Florencia Caquetá (Código 64797. CT 18919). En esta fase se realizaron las siguientes actividades: la revisión documental a través de la búsqueda y selección de los documentos de carácter primario alusivos a las normas y políticas sobre el ecoturismo en Colombia (leyes, decretos, resoluciones, documentos bases de política sobre ecoturismo; artículo y libros resultados de la investigación sobre la temática objeto de estudio), en bases de datos como Legis Ámbito Jurídico, Legis Experta y Google académico. Las categorías de búsqueda fueron: políticas públicas ecoturismo/turismo de naturaleza; normas ecoturismo/turismo de naturaleza, leyes ecoturismo/turismo de naturaleza.

La segunda fase fue la heurística. En ella, se efectuó la sistematización de los datos obtenidos en la fase anterior, realizada en el software SPSS con la ubicación de los datos de los documentos seleccionados y pertinentes para definir la tendencia de la política pública del ecoturismo. En este software se organizaron los datos recolectados y se hizo la exploración y reflexión para responder acerca de las definiciones de las variables de estudio y relaciones relevantes del tema de análisis en correlación con la normatividad del disfrute de la naturaleza. Adicionalmente, se efectuó el examen de la información de tipo cuantitativo mediante un dendograma, el cual se comprende como un gráfico en el que se representan los grupos de datos con los que se identificaron las relaciones entre las categorías de estudio. A su vez, la indagación de tipo cualitativo se realizó a través de la técnica de análisis de contenido en concordancia con las dimensiones del estudio, desde el enfoque de sustentabilidad.

La tercera fase, la analítica e interpretativa, se realizó a partir de la información suministrada por los datos de tipo cuantitativo y cualitativo, y a la luz de los referentes teóricos sobre características del ecoturismo y, mediante las técnicas de análisis de contenido y de triangulación, se ahondó en el sentido de los patrones de categorías que emergieron de la normatividad y las relaciones entre ellas, además de profundizar en su sentido. Al respecto, se identificaron y analizaron las siguientes relaciones: ecoturismo-sustentabilidad; ecoturismo-paz; y ecoturismo-participación-inclusión laboral. Esto conllevó a la generación de una propuesta de políticas públicas inherentes al desarrollo del ecoturismo comunitario y a la formulación de recomendaciones. Las anteriores fases se ilustran en la Figura 1:

Figura 1. Fases del diseño metodológico
Figure 1. Stages in the methodology
Fuente: elaboración propia (2023).

En estas fases hay una interrelación para resolver los interrogantes de la investigación acerca de las definiciones y categorías relevantes del tema objeto de estudio, además de las tendencias de la política y normatividad vigente sobre disfrute de la naturaleza en Colombia en el período del posacuerdo con la FARC-EP. El enfoque analítico e interpretativo conllevó a la formulación de una propuesta de política sobre el ecoturismo comunitario y a la formulación de recomendaciones para su implementación.

Unidad de análisis

Esta estuvo constituida por dieciséis documentos de políticas públicas y normas vigentes acerca del ecoturismo, seleccionados con los siguientes criterios de inclusión: a) normas o documentos de política pública acerca de la temática de ecoturismo, o de turismo de naturaleza; b) expedidos durante los últimos veinte años (desde el año 2003); c) que estén vigentes en el período del posacuerdo en Colombia. En la Tabla 1 se indican los documentos identificados y analizados:

Categorías de análisis

Las categorías fueron: sustentable, biodiversidad, capacidad de carga, participación de la comunidad, educación ambiental, aspectos socioculturales, lineamientos ecoturísticos, construcción de paz, inserción laboral. Estas categorías se buscaron en los documentos y se cuantificaron para analizarlos después de su codificación y sistematización.

Técnica

El análisis desde lo cuantitativo se efectuó con el gráfico del dendograma, a través del cual se identificaron los conceptos de mayor relevancia en los documentos y normas de política pública del ecoturismo/turismo de naturaleza, y las tendencias de estos. «El análisis de datos consiste en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su campo social y su alcance» (Ñaupas et al., 2014, p. 400). Para examinar los datos de tipo cualitativo se empleó el análisis de contenido. De acuerdo con Aigeneren (2009), el interés se centra en el estudio de las ideas contenidas en los conceptos. Mediante ella: a) se estudiaron los conceptos importantes e ideas contenidas en los documentos de política pública y las normas vigentes sobre el ecoturismo, b) se identificaron las tendencias de dichas regulaciones.

Específicamente, a partir de la identificación de los conceptos de las categorías emergentes, se analizaron las definiciones y tendencias relevantes sobre ecoturismo expresadas en los documentos estudiados. Asimismo, se formuló una propuesta de política pública en este ámbito, y se enunciaron recomendaciones para la concreción y puesta en práctica de las políticas identificadas para la inserción laboral en el período del posconflicto en Colombia y aportes para el campo del ecoturismo. En este sentido, se dieron contribuciones teóricas para la formulación de políticas públicas sobre ecoturismo.

Para la formulación de las conclusiones, se empleó el método de triangulación o contrastación. La triangulación operacionalmente posibilita a través de «un proceso inferencial inductivo, objetivar la información recopilada con otros métodos, tanto del nivel teórico como empírico, a partir de la comparación y cruzamiento de los datos obtenidos desde diversas fuentes» (Feria Avila et al., 2019, p. 143); esto facilita la integración de los resultados, obtenidos en el análisis de los diferentes documentos.

3. RESULTADOS

Según la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) (2018), el proceso de paz entre el gobierno Nacional y la FARC-EP género que 13  190 personas dejaran las armas con la esperanza de acabar con el conflicto armado y los ciclos de violencia en los territorios, especialmente en las zonas rurales y pobres del país, lo cual obligó a generar procesos de reincorporación social y económico desde las zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) y los espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR) donde se encuentran cerca de ciento veinte formas asociativas que agrupan a siete mil asociados con doscientos sesenta emprendimientos. En tal sentido, se resalta la importancia de la inclusión laboral y la generación de ingresos basado en alternativas económicas como el ecoturismo. Así las cosas, se presentan, en primer lugar, las definiciones de ecoturismo identificadas en los documentos de política pública sobre el ecoturismo en Colombia; en segundo lugar, se reconocen las tendencias de las categorías relevantes de la política pública y normatividad relacionadas con el ecoturismo; y en tercer lugar, se plantea una propuesta de política pública para afianzar la inclusión laboral en el período del posacuerdo de paz.

Definiciones de ecoturismo y categorías relevantes de la política pública y su normatividad

Las políticas públicas y la normatividad exponen varias definiciones sobre ecoturismo, las categorías de sostenibilidad del atractivo natural, cultura y economía son reiterativas, como se indica en la Tabla 2:

De acuerdo con las anteriores definiciones, el ecoturismo se concibe como la integración de tres dimensiones: cultural, ambiental y productiva, interrelacionadas por la responsabilidad social. La importancia dada a la responsabilidad social como eje articulador del ecoturismo es plausible porque:

La responsabilidad social está entendida como el propósito que tiene la actividad considerada (en este caso el servicio ecoturístico) de producir un beneficio a las comunidades involucradas en la prestación del servicio, así como de hacer el bien y agregar valor a los ecoturistas con clientes de este caso; las consecuencias se entenderían como una educación ambiental del cliente o turista, un[a] reducción de la entropía sociológica, un incremento de los ingresos de las personas que ofrecen el servicio incluidos los proveedores y una consecuente reducción de la pobreza. (Romero Infante, 2016, p. 6)

Asimismo, la primera dimensión, la cultural, es comprendida como desarrollo humano sostenible obtenido a través del disfrute y la recreación en las áreas con especial atractivo del paisaje natural; también, por la educación y la valoración del patrimonio de la naturaleza y la cultura de las comunidades oferentes. La segunda, la ambiental, por las actividades de valoración de la naturaleza y de control para producir el mínimo impacto en pro de la conservación del ambiente. La tercera, la productiva, como generación de ingresos para la conservación de las áreas donde se realiza y para obtener rendimiento económico por la gestión de la actividad ecoturística.

En su conjunto, el concepto de ecoturismo, desde su enunciación en la Ley 300 de 1996, ha promulgado como característica básica la sostenibilidad fuerte en el sentido de fundamentarlo desde la conservación de la naturaleza (valores naturales) y de los aspectos culturales; en este sentido, la cultura se considera un patrimonio, no así la naturaleza, aunque se basa en el disfrute de las áreas con atractivo natural. De igual manera, se reconoce la importancia de la educación para lograr estas características. En correspondencia, se explicita el desarrollo humano sostenible; no obstante, se infiere que no hay una sólida fundamentación teórica de este enfoque.

En el documento de políticas sobre el ecoturismo, de 2003, se vuelve a enfatizar el referente del desarrollo sostenible y es explícito y coherente con este, al plantear la retribución en ingresos por la conservación y recuperación de ecosistemas. Sin embargo, la naturaleza es considerada un objeto importante que hay que preservar por su diversidad biológica, y en especial, por los aportes económicos que proporciona. Es decir, subyace la visión instrumentalista propia del enfoque de desarrollo sostenible. Se presenta, entonces, el dualismo entre el bienestar del hombre y el de la naturaleza.

En el 2005, con la Resolución 0118, el concepto de ecoturismo se acerca más a los postulados de la sostenibilidad fuerte, dado que su desarrollo está fundamentado en dos dimensiones: la ambiental, donde se resalta respeto por la biodiversidad, y la sociocultural, en la que se enfatiza en la importancia de la educación, el conocimiento, la participación de las comunidades y la calidad de vida a través de la economía solidaria. En consecuencia, hubo más interés por promocionar la apropiación del sentido de responsabilidad ambiental y social de los que ofertan el ecoturismo.

En relación con la normatividad vigente, Ley 2068 de 2020, se considera un avance al centrar la mirada en la biodiversidad de la naturaleza y de la cultura. No obstante, aunque se promueve la actividad turística especializada, el bienestar social y la responsabilidad por la conservación, no hay claridad acerca de la gestión para la minimización del deterioro ambiental. La comunidad y la educación, ejes fundamentales para la no afectación ambiental, no aparecen explícitas en el concepto. Se puede afirmar que, conceptualmente, no hubo una transformación de fondo del quehacer del ecoturismo para implementar el enfoque de la sustentabilidad súper fuerte.

Tendencias de la política y normatividad vigente sobre ecoturismo en Colombia (posacuerdo con las FARC-EP)

A partir de las categorías establecidas para la comprensión del marco jurídico colombiano, se identificaron las tendencias más relevantes y con mayor frecuencia existentes en los documentos de política pública y normatividad sobre ecoturismo, vigentes a partir de la firma del Acuerdo Final de Paz (Gobierno Nacional y FARC-EP, 2016). La Figura 2 presenta lo mencionado de manera detallada:

Figura 2. Tendencias de la política pública sobre ecoturismo en Colombia
Figure 2. Trends in ecotourism policy in Colombia
Fuente: elaboración de los autores a partir de las bases de datos consultadas.

De esa manera, en relación a la categoría sustentabilidad expresada en los documentos de política y normatividades vigentes sobre ecoturismo en Colombia, hay una simbiosis de enfoques; en primer lugar, la participación de la comunidad, elemento muy importante en la sustentabilidad súper fuerte, el cual, desde los postulados teóricos de Pearce y Atkinson (1998) y Murcia García et al. (2020), es un componente relevante en el desarrollo. La participación se considera el eje para la implementación de los proyectos ecoturísticos; esta se evidencia en el nivel de organización de las comunidades y en la gobernanza para definir con autonomía las políticas para su actuar de manera responsable y respetuosa con el ambiente.

Dado el contexto de posconflicto, en el escenario de la implementación de diversas actividades derivadas de la firma del Acuerdo de Paz con la FARC-EP es coherente la valoración de la participación comunitaria para la promoción de la sustentabilidad basada en la biodiversidad, principal característica del territorio. En este sentido, se le atribuye al ecoturismo la potencialidad para ser promotora de la cultura de la construcción de la paz y de la valoración de lo sociocultural. No obstante, no es claro el papel de la educación ambiental y el manejo de la capacidad de carga en el ideario o deber ser de las normas sobre el ecoturismo. En la Figura 3 se grafican estas relaciones:

Figura 3. Relaciones relevantes en la política y normatividad vigente sobre ecoturismo
Figure 3. Relevant relationships in current ecotourism policy and regulations
Fuente: elaboración propia a partir de SPSS.

En la Figura 3 se confirma que la categoría con mayor peso es la de la participación comunitaria. La comunidad es el eje de todo el proceso; en ella, se integra lo sociocultural y, en esta, la educación ambiental para abordar lineamientos del ecoturismo, lo sustentable y la biodiversidad. Asimismo, lo sustentable y la biodiversidad forman un clúster que en el campo de las políticas no tiene una representación significativa. Igual ocurre con el clúster de lo sociocultural y de la paz, y el de la capacidad de carga y educación ambiental. Esto indica que, si bien es cierto emergen conceptos fundamentales en pro de una sustentabilidad fuerte, aún la apropiación de su conceptualización y características es muy débil en los tomadores de decisiones de políticas públicas.

Igualmente, se devela que la participación de las bases sociales es el pilar del Acuerdo de Paz con la FARC-EP y la ruta para lograr la inclusión laboral a partir de las potencialidades multidimensionales de los territorios que estuvieron bajo el conflicto armado, los cuales en su mayoría son rurales y con altos niveles de biodiversidad, por tanto, requieren un aprovechamiento de manera sustentable. De ello dependerá en gran medida el desarme, la desmovilización y la reintegración definitiva para la consolidación de una paz estable y duradera.

De manera específica, los dos documentos que marcan la pauta actualmente en el contexto del posconflicto son: el Acuerdo Final de Paz con la FARC-EP de 2016 y la Ley 2068 de 2020; estos tienen como objetivo el fomento de la sostenibilidad, la implementación de mecanismos para la conservación, protección y aprovechamiento de los sitios con atractivos turísticos, y el fortalecimiento de la formalización y la competitividad del sector turístico acorde con los anhelos de paz en el posconflicto colombiano. En ellos, se identificaron las categorías relevantes, presentadas en la Figura 4:

Figura 4. Categorías relevantes en el Acuerdo Final de Paz con la FARC-EP de 2016 y Ley 2068 de 2020
Figure 4. Relevant categories in the 2016 Final Peace Agreement with FARC-EP and Law 2068 of 2020
Fuente: elaboración propia.

Estos dos documentos posibilitan la concreción de una de las alternativas, como es el ecoturismo para afianzar el proceso de paz en el territorio colombiano y para la inserción laboral de las personas que, de una u otra manera, se consideran víctimas del conflicto armado vivido por muchos años en el país. En el Acuerdo Final de Paz con la FACR-EP, la participación de la comunidad es considerada vital (45.8%). Esta ha de retomar su papel fundamental en la sociedad colombiana para pasar de ser observador pasivo a un actor reflexivo, crítico y pragmático en los procesos que generen alternativas para un mejor vivir.

Sin embargo, cuando se aterriza este ideario en la normatividad, se presenta una diferencia sustancial respecto a la importancia de la comunidad; es así como en la Ley 2068 de 2020, solo se tiene una representación en el discurso del 16.8%, lo que es indicativo de la falta de coherencia e integración entre las políticas formuladas por el Estado, pues no hay coherencia teórica y práctica en la expedición de la Ley. Lo anterior se evidencia, además, en las formulaciones para la construcción de la paz: en el Acuerdo con la FARC-EP, el discurso acerca de este tópico es de 38.6%, y en la Ley de Turismo 2068 de 2020 es de 0.9%.

En general, los discursos sobre las categorías de análisis en los dos documentos del Acuerdo Final de Paz con la FACR-EP y Ley 2068 de 2020 van en contravía: a) la participación de la comunidad, con una diferencia del 29%; b) la construcción de paz, con el 37.7%; c) lo sustentable, con una diferencia de 23%, cuando sería la categoría principal porque tiene relación con la vida de la naturaleza y con la de los seres humanos; d) la biodiversidad, con el 18.6%; e) lo sociocultural, con el 9.3% de diferencia; f) la educación ambiental, que no tiene mayor relevancia en los dos documentos, tiene una diferencia de 4.4%. Los lineamientos sobre el ecoturismo y la capacidad de carga no es objeto de mención o regulación en el Acuerdo Final con la FARC-EP, en la Ley es muy poca, con el 7.1% y el 4.4%, respectivamente. Esto indica que desde el Estado se legisla en contravía de la realidad y de las potencialidades ecoturísticas de los territorios con más deterioro ambiental y de paz.

En las categorías más relevantes de los documentos objeto de análisis, no emergió lo económico; aspecto preocupante porque, pese a los aportes teóricos de la relación ecoturismo, acuerdo de paz y generación de empleo, la inclusión laboral no se tiene en cuenta en la política pública. En general, las oportunidades de empleo a través del ecoturismo para gozar de la naturaleza y de las condiciones que proporcionan un mejor vivir no tienen propuestas concretas para su materialización. El ideario es la sustentabilidad y la biodiversidad, pero sin acciones concretas que coadyuven a la realización de prácticas formalizadas en beneficio de lo socioambiental y sociocultural en el territorio.

De igual manera, el desafío para el logro de la sustentabilidad está presente en dichas políticas y, coherente con estas declaraciones, está la biodiversidad; sin embargo, la regulación de la capacidad de carga de los sitios ecoturísticos es aún poco significativa en la normatividad. Además, no se evidencia la integración de la sustentabilidad con la biodiversidad de la naturaleza y la diversidad cultural; si bien es cierto, lo sociocultural emerge, pero no como una categoría más abarcadora que incluya, entre otros, la educación ambiental, el valor de la construcción de la paz en los territorios y los lineamientos de política para el ecoturismo. Esto se corrobora en la poca valoración dada a la educación ambiental, otro de los ejes que posibilitan la obtención de la sustentabilidad.

En esta visión se infiere que no hay una apropiación conceptual de las implicaciones teóricas y pragmáticas de la sustentabilidad súper fuerte y, por tanto, prima la sostenibilidad débil porque no hay coherencia en el decir y el hacer. Hay énfasis en la sustentabilidad ambiental, pero no en lo sociocultural; en consecuencia, se continúa con la escisión entre la naturaleza y el ser humano. En este sentido, no se contempla el ambiente como un sistema integrado, biunívoco y biocéntrico. Un sistema socioecológico (Del Cairo et al., 2018).

Propuesta de lineamientos para política pública en la inclusión laboral en el período del posacuerdo de paz con las FARC-EP

A partir de la revisión teórica y normativa, el ecoturismo es visualizado como estrategia para la inclusión laboral al ser considerado fuente de ingresos económicos. Según Mercado Betin (2017), representa una puerta para abrir oportunidades en pro del desarrollo económico a los firmantes de paz incorporados a la vida civil y a las víctimas del conflicto armado por su conexión con el proceso de paz, así como con la característica de no afectación al ambiente y a la calidad de vida de las comunidades en el territorio donde se promueva. De acuerdo con los resultados anteriormente expuestos, para su fomento se sugieren los siguientes lineamientos en aras de obtener su concreción en la política pública:

1. Participación de las comunidades:

en la formulación de políticas referentes al desarrollo productivo y apoyo a las regiones. En esta perspectiva, la inclusión en la toma de decisiones por parte de las comunidades participantes es otro elemento considerado esencial para la inserción laboral mediante propuestas de ecoturismo comunitario. Para tal efecto, es deseable la valoración e implementación de procesos de inclusión de víctimas y victimarios incorporados a la vida civil acorde con sus ópticas y perspectivas de participación y con las respectivas adaptaciones al contexto. Esta dinámica se constituye en alternativa para la satisfacción de las necesidades internas de existencia de las comunidades quienes han de construir escenarios de paz desde sus propias visiones para generar pertenencia y legitimidad, no solo porque aportan en lo económico, sino, básicamente, en lo cultural, orientado al entendimiento del otro a través de espacios de diálogo para comprender las necesidades insatisfechas (Villamizar Barahona, 2017). De ahí, la necesidad de contemplar la equidad y la igualdad de género.

2. Construcción de paz:

promoción de relaciones entre diferentes actores sociales del territorio para impulsar el ecoturismo como estrategia de paz y desarrollo económico con responsabilidad social con la naturaleza. Al respecto, Bellinzas y Presciani (2021) afirman que la valoración de la naturaleza y el ambiente pueden favorecer la consolidación de la paz mediante el establecimiento de indicadores para el monitoreo de la trayectoria de las acciones realizadas y favorecidas, entre otros, por el diálogo y el fomento de la confianza entre las comunidades en aras de prevenir los conflictos. Igualmente, desde lo sociocultural, se ha de fomentar el rescate y valoración de la historia de los pueblos y de la aceptación e inclusión de los desmovilizados en los proyectos ecoturísticos (Mercado Betin, 2017). Adicionalmente, para dicha construcción del fomento y promoción del turismo es importante la promoción de la valoración y estímulo para la creación de alianzas regionales y suprarregionales.

3. Sustentabilidad y biodiversidad:

una de las premisas es la consideración de que la naturaleza tiene valores intrínsecos que no son una parte del universo, sino que constituye un todo con el ser humano; en este sentido, se considera un sujeto de derechos. De acuerdo con lo formulado por Gudynas (2010), se trata de superar la visión dualista, en la que hay una separación del ser humano y de la naturaleza. Los valores de la naturaleza se han de comprender como diferentes a los de su utilidad para superar la visión instrumentalista y objetivante de la que ha sido objeto en el antropocentrismo. La apuesta es por el biocentrismo, en el que se reconoce que la manifestación de la vida es un valor en sí mismo; hay una pluralidad de valores, entre ellos los de carácter intrínseco porque se aprecian todas las formas de vida humanas y no humanas. El reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos deriva en consideraciones como: reconocimiento de derechos en el marco legal y, por ende, generación de obligaciones o deberes hacia ella.

También, en la relación entre ecoturismo y sustentabilidad su conceptualización está ligada al etnodesarrollo; en este sentido, se considera importante considerar los siguientes principios expuestos por Lárraga Lara y Benítez Gómez (2015) y Sugito et al. (2019), los cuales parten del empoderamiento de la comunidad para el control: a) del territorio, del que se ha de obtener su conocimiento y reconocimiento de este por parte del Estado, la propia comunidad y los vecinos; b) del uso adecuado y no destructivo de la naturaleza (fauna, flora, suelo, agua); c) de lo cultural, para apreciar y conservar los propios valores, tradiciones culturales y modos de ser y pensar de las comunidades del territorio; d) de lo social, asociado con el bienestar con relación a la alimentación, salud, vivienda, educación, información, esparcimiento e interrelaciones cimentadas en la inclusión, el respeto y la solidaridad; e) lo económico, para la regulación de los intercambios económicos que establece la comunidad en la participación de la economía solidaria; f) lo político, para la creación de organizaciones productivas propias, la creación o ratificación de normas con las que se consolide la gobernanza.

4. Educación ambiental:

desde lo sociocultural, un requerimiento es educar para el cambio de mentalidad de la sociedad con respecto a la valoración e importancia de la protección y conservación de lo ambiental, tanto de la naturaleza (Mercado Betin, 2017), como de la cultura de las comunidades habitantes del territorio. Para Sánchez Valenzuela (2020), la educación ambiental ha de contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con la solución de las problemáticas de la sociedad actual; de ahí, el reto de la recuperación de su sentido para la formación de ciudadanos políticos y críticos. En esta perspectiva, se propone la educación ambiental, donde se analice y apropie la sustentabilidad para la comprensión y actuación de las realidades ambientales de una manera interdependiente y complementaria a través de la reflexión, la autoconciencia y el pensamiento crítico. Por tanto, la propuesta es fortalecer la educación, formación y vinculación del talento humano al sector turístico con altos estándares de calidad, para lo cual se considera de vital importancia la promoción del conocimiento y acceso a los programas de formación para el ecoturismo.

La propuesta es brindar educación ambiental con los siguientes criterios: a) actores: participantes en la cadena de valor del ecoturismo, por ejemplo, en procesos de formalización y sustentabilidad de la actividad ecoturística; b) objetivo: construir la participación y trabajo colaborativo de las comunidades mediante la promoción del diálogo y análisis del cómo superar los procesos de violencia en los que han estado inmersos; c) oferta: construcción de programas de formación para la inclusión laboral de los excombatientes. De acuerdo con Gil Pedreros (2016), la educación es una condición necesaria y fundamental. En esta perspectiva, se propone la implementación de actividades para: transferencia tecnológica y conocimientos técnicos para la obtención de resultados e impactos positivos de esta práctica, así como para la formulación de alternativas contextuadas en pro del análisis y la solución de los conflictos (Bellinzas y Presciani, 2021); además, para la preparación en el emprendimiento y espíritu empresarial en aras de su promoción (Rodríguez Alarcón, 2019).

5. Acompañamiento de la institucionalidad:

entre otras acciones, mediante: a) la gestión territorial existente con el apoyo internacional para el aporte en la formación técnica e inversiones para la sustentabilidad del ambiente (agua potable, manejo de recursos sólidos, empleo de energías alternativas). b) Mantenimiento de la seguridad como prerrequisito para el fomento del ecoturismo (Villamizar Barahona, 2017). c) Priorización de la inversión en infraestructura para los sitios donde se promueve el ecoturismo, agroturismo, y en general, el turismo de naturaleza. d) Mejoramiento de la conectividad digital y manejo de las redes sociales. e) Asignación de capital semilla para el emprendimiento de actividades ecoturísticas como alternativa para la dimensión productiva de la política de inserción laboral de los excombatientes, jóvenes y madres cabeza de hogar. Esto implica el apoyo para la creación y supervivencia de pequeñas y medianas empresas que impulsen el emprendimiento en el ecoturismo. f) Apoyo tributario y diferencial para las comunidades que promuevan el ecoturismo comunitario y generen oportunidades de inserción laboral a víctimas del conflicto e inclusión a comunidades ancestrales y afro. De igual modo, para las organizaciones o asociaciones que generen el aumento de oportunidades de negocio (Bellinzas y Presciani, 2021).

6. Promoción y apoyo a la investigación:

para la formulación de un modelo integrado de ecoturismo comunitario en la perspectiva de convertir esta actividad en estrategia orientada al mejoramiento del territorio y afianzamiento de la paz. La investigación se considera condición necesaria para el desarrollo y promoción del ecoturismo apoyados por la inversión y mejoramiento de la seguridad y la imagen del entorno turístico (Menchero Sánchez, 2018); de igual manera, para ahondar en los referentes conceptuales y pragmáticos de la sustentabilidad fuerte en este tipo de actividad. En esta dinámica, es imperativo brindar incentivos para el desarrollo investigativo en las universidades y centros de investigación en aras de la producción de conocimiento sobre las posibilidades del territorio en lo ambiental, cultural, económico y social para disponer de información científica de calidad, así como para realizar el monitoreo y evaluación de la gestión ambiental que coadyuve en la toma de decisiones (Bellinzas y Presciani, 2021). Para tal efecto, es necesario el incentivo a la investigación aplicada a las necesidades más sentidas en la actividad ecoturística.

Recomendaciones de estrategias para el ecoturismo comunitario: oportunidad laboral en el posacuerdo con la FARC-EP

En la Tabla 3 se enuncian algunas estrategias que pueden contribuir a la materialización de las políticas públicas:

Aportes para el campo del ecoturismo

Con respecto al ecoturismo se han formulado varias expectativas para su promoción y fomento, entre ellas: cimentación de la paz, conservación ambiental y sustentabilidad del territorio, apropiación de la identidad cultural, el fortalecimiento de la participación comunitaria y oportunidad para el crecimiento económico mediante la inserción laboral, especialmente en el posacuerdo con las FARC-EP. Ante estas perspectivas del ecoturismo, y en esta etapa coyuntural del posacuerdo, se consideró relevante la indagación acerca de la voz del Estado con relación a las posibilidades de materialización de las políticas inherentes a la opción de desarrollo económico, ambiental y cultural, cifrado en el ecoturismo, en particular, las potencialidades para la consolidación de la paz, la sustentabilidad y la participación. En tal sentido, se indagó sobre la política existente en torno al ecoturismo, como componente de la dimensión sociocultural.

En este trabajo se hizo un análisis de las políticas sobre ecoturismo en Colombia; específicamente, se elaboró la trazabilidad de las normas sobre este campo emergente de investigación al dar cuenta de sus tendencias y de las categorías relevantes de la política, de manera concreta, en el Acuerdo Final de Paz de 2016 y la Ley 2068 de 2020; además, se efectuó el análisis de las relaciones enunciadas anteriormente. Como valor agregado, se considera la propuesta de política pública para el ecoturismo comunitario y recomendaciones para su aplicación. De ahí que, por una parte, se hace un aporte complementario al análisis de las políticas realizados por otros trabajos; por otra, existen diferencias en el enfoque y temáticas analizadas.

4. DISCUSIÓN

En razón a las dimensiones del estudio, se ahonda en las siguientes relaciones en conexión con el ecoturismo: participación comunitaria, inclusión laboral, paz y sustentabilidad.

En los análisis realizados se determinó que la participación comunitaria es elemento esencial de los acuerdos de paz con la FARC-EP para lograr la inclusión laboral a partir de las potencialidades multidimensionales de los territorios que estuvieron bajo el conflicto armado con alta biodiversidad, de lo cual depende, en gran medida, la consolidación de una paz estable y duradera que satisfaga las expectativas de vida de los reintegrados. En tal sentido, Mercado Betin (2017) afirma que dichos acuerdos son una oportunidad para mejorar los ingresos económicos y la percepción de seguridad de los territorios desde el ecoturismo por el aporte dado a la reducción de las brechas de pobreza y contribución positiva al buen vivir de las comunidades.

Desde esta perspectiva, en la relación ecoturismo, participación e inclusión laboral, el reto para la participación comunitaria es la igualdad de género y la equidad en la retribución económica; para tal efecto, es necesario considerar las dimensiones del empoderamiento expresadas por García Gutiérrez et al. (2017): a) psicológica, para tener libertad de decisión; b) económica, para lograr la independencia financiera; c) social, en pro del mejoramiento de las condiciones de educación y de vida de las comunidades menos favorecidas (mujeres y ancianos) y del desarrollo de la organización de los grupos sociales; c) políticas para la toma de decisiones en comunidad, liderazgo y gobernanza.

En este sentido, la estrategia de turismo y política de paz se cimenta en el supuesto de que el objetivo es la generación del empleo como promotor de integración de la comunidad y como afianzamiento de la cultura local y autóctona. De manera específica, se habla de empleo verde a través del cual se prestan diversos servicios especializados en el desarrollo de proyectos productivos ecoturísticos, a los que se vinculan los miembros de la comunidad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2003). Sin embargo, no es explícito el interés económico, aunque teóricamente el ecoturismo es visto como una estrategia para cimentar y cohesionar la paz, la no conflictividad en el territorio y el mejor vivir (Ramos Ballinas et al., 2020; Huertas Cardozo, 2015).

Asimismo, en el Acuerdo Final de Paz con la FARC-EP, se enfatiza en la inserción mediante la producción agropecuaria, campesina, familiar y comunitaria, en la perspectiva de género; en aras de garantizar el buen vivir y fortalecer las formas de organizaciones sociales y comunitarias en la concertación para la producción (programas de recuperación ambiental, protección de bosques y fauna, entre otros). En consecuencia, se propende por la generación de empleo, la dignificación y formalización del trabajo. No obstante, no son explícitos los mecanismos para la materialización y concreción del deber ser expresado en dichas políticas.

Por otra parte, respecto a las relaciones entre ecoturismo y paz, desde la década pasada la Organización Mundial del Turismo (OMT, 2015) promueve el turismo en general y lo considera una herramienta para la construcción de paz, de manera específica, en los objetivos formulados para el desarrollo sostenible (Naciones Unidas, 2018), concretamente en el Objetivo 16: paz, justicia e instituciones sólidas para fomentar la tolerancia y el entendimiento multicultural, evitar la violencia, el conflicto social y consolidar la paz, y en pro del desarrollo económico; y en el Objetivo 8: trabajo decente y crecimiento económico para crear puestos de trabajo que promuevan la cultura y los productos locales. A partir del relacionamiento entre las comunidades, su cultura se constituye en alternativa para el dinamismo económico del territorio, de manera particular, de las personas que se integran a la vida civil, madres cabezas de hogar, desplazados por la violencia. En esta óptica, para abordar su estudio de manera integrada se requiere un enfoque multi y transdisciplinario. En esta perspectiva, se esperaría que la relación ecoturismo y paz fuera más contundente y prioritaria en el contexto del posconflicto; en ninguna de las definiciones sobre ecoturismo analizada en los documentos objeto de este estudio se resalta esta relación.

Por otro lado, el desafío para el logro de la sustentabilidad está presente en dichas políticas y, coherente con este ideario, está la biodiversidad; sin embargo, la capacidad de carga, categoría relacionada con las prácticas concretas para evidenciar la sustentabilidad de la biodiversidad, tiene muy poca representación semántica en los conceptos analizados, aunque hay un clúster entre: lineamientos para el ecoturismo, educación ambiental y capacidad de carga. Elementos más pragmáticos como, por ejemplo, la formulación de políticas y concreción de dicha capacidad, no tienen una significativa representatividad.

También, la categoría de lineamientos ecoturísticos, asociada al aspecto de participación en la definición de políticas que enmarcan y regulan la actividad del ecoturismo, emerge de manera importante en los discursos sobre política pública, pero no de manera significativa e integrada con la participación comunitaria y la sustentabilidad, no solo de la biodiversidad de lo ambiental, sino de lo sociocultural. Esto se corrobora con la poca valoración dada a la educación ambiental, la cual se considera como otro de los ejes posibilitadores de la obtención de la sustentabilidad. Para tal efecto, es necesario el incentivo a la investigación aplicada a las necesidades del ecoturismo sobre temas laborales y educativos.

Se puede colegir que en la Ley 2068 de 2020 del turismo, se identificó un avance conceptual del significado de sustentabilidad. Este concepto, considerado clave para la promoción del ecoturismo comunitario, se fundamentó en el desarrollo sostenible fuerte por el énfasis dado al valor ecológico y económico de la naturaleza y a la capacidad de carga. De igual manera, se destacó la participación de la comunidad, lo ambiental y la cultura, como se teoriza en el desarrollo sostenible súper fuerte. En esta dinámica, se insiste en las relaciones en el territorio entre las comunidades autóctonas y la naturaleza como sujeto de derecho para impulsar la actividad ecoturística, vista como la alternativa para trabajar por la paz y la inserción laboral de las personas firmantes del Acuerdo de Paz. Sin embargo, este basamento conceptual no logra precisarse con regulaciones explícitas y participativas.

Aun así, es de resaltar como logro en la formulación de estos documentos sobre política pública del ecoturismo, la emergencia de relaciones importantes, como es el caso de: a) biodiversidad, lo sociocultural, la construcción de paz y la participación comunitaria. En este tipo de relación se integra lo ambiental y lo sociocultural. De ahí, su importancia y el reto por ahondar en su fundamentación y aplicación en los proyectos ecoturísticos, en particular, en los programas de inserción laboral que conlleva su fomento; b) lo sustentable, la biodiversidad y lo sociocultural; esta relación reitera la visión de integración de la naturaleza con el ser humano, donde impere la categoría de la vida.

En relación con las políticas sobre ecoturismo en general, se efectuó el contraste con tres trabajos:

Gutiérrez Quiroga et al. (2021) realizan una comparación entre la promoción del ecoturismo realizado en Costa Rica y el de Colombia; en lo pertinente a las normas, en Colombia las políticas se han centrado en apoyar lo relacionado con lo social y lo local enmarcado en la gobernanza y, aunque aún se continúa en ello, el llamado de los autores es a la promulgación de políticas innovadoras y activas para mantener la competitividad mediante la integración de varias estrategias en los planes de desarrollo. Asimismo, en políticas para asegurar la preservación biológica, la biodiversidad en fauna y flora, la protección de parques y promoción de nuevos lugares turísticos, como ha acontecido en Costa Rica.

Caviedes Rubio (2019) analiza el impacto de la aplicación de las Normas Técnicas en Sostenibilidad Turística (NTS-TS) y el Sistema de Gestión Ambiental desde la Norma ISO 14001 de 2015 en el ecoturismo desarrollado en áreas protegidas y orientadas a prevenir el daño de estas, en aras de conseguir el certificado de calidad turística y el Sello Ambiental Colombiano, según la metodología de: planificar, hacer, verificar y actuar. Se aboga por la participación de las comunidades locales y se analizaron en las áreas objeto de estudio, los siguientes componentes: a) plan de manejo del área: diagnóstico (antecedentes, dinámica local y regional); b) ordenamiento (zonas de alta densidad de uso y recreación general exterior con códigos de conducta para los prestadores; c) estratégico, en varias líneas de acción: metas, actividades, indicadores, recursos, responsables; d) monitoreo, para el mantenimiento o mejoramiento de los servicios ecoturísticos. En los impactos se enfatiza en el análisis del cumplimiento de los principios de sostenibilidad, la integración con proyectos alternativos para la minimización de los efectos negativos del ecoturismo. Un aspecto en contra de estas normas es el costo elevado que implica su implementación y la obtención de la certificación en sostenibilidad. La propuesta es impulsar las empresas pequeñas y medianas de ecoturismo con mayor apoyo.

Por otra parte, Idarraga Galvis (2018) enfatiza en el análisis de las políticas existentes en el país referentes al manejo del ecoturismo en el Sistema de Parques Nacionales Naturales de Colombia (SPNNC). Al respecto, un punto importante a resaltar es el análisis de la capacidad de carga. Además, presenta una serie de recomendaciones para la realización, con un adecuado manejo, de la actividad ecoturística en las zonas que conforman el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, con el propósito de: a) establecer mecanismos suficientes con el propósito de garantizar su regulación en sus diferentes etapas (análisis de la vocación ecoturística, planificación y ordenamiento, seguimiento y control o monitoreo). Igualmente, que haya un ente gubernamental dependiente del Viceministerio de Turismo para ejercer el monitoreo, seguimiento, control y manejo del proceso, para lo cual se necesita la asignación de recursos para el manejo de un presupuesto específico; b) promover la participación de la comunidad local y priorizar la conservación ambiental sobre la obtención de ingresos; c) generar procesos estándares flexibles para el manejo de la capacidad de carga; d) establecer parámetros claros para la gestión del riesgo; e) generar mecanismos que garanticen el cumplimiento de las normas.

Concomitante con la aplicación de las políticas del ecoturismo después de la firma del Acuerdo de Paz con la FACR-EP, Del Cairo et al. (2018) plantean que la política pública no se ha materializado para superar la problemática estructural ambiental y rural y no se contribuye a generar transformaciones que favorezcan el fortalecimiento del ecoturismo comunitario, en tanto, proponen lo siguiente: la distribución equitativa en la comunidad de los beneficios obtenidos, diversificación de la producción agrícola para obtener soberanía alimentaria, realización de diálogos con el estamento estatal y las instituciones de cooperación internacional sin afectar la autonomía local, y reglamentación del acceso y uso de bienes para el servicio ecoturístico.

En el marco de la aplicación de las políticas ecoturísticas después de la firma del Acuerdo de Paz, Sánchez Supelano (2019) proyecta contribuir a la construcción de paz a partir del ecoturismo con nuevos pactos para establecer otro tipo de relaciones con el ambiente y con los otros para cimentar la sostenibilidad y la paz. En esta óptica, propone: a) ordenamiento ambiental del área territorial, b) reconocimiento de todos como sujetos de derechos ambientales, c) capacitación para acceder al ambiente y a sus elementos, d) garantía para la protección del ambiente. Son nuevos desafíos para la construcción de la paz.

En el caso particular, con esta investigación se hace un aporte importante y complementario a los resultados dados en los estudios previos a este trabajo. Sin embargo, el campo requiere de más investigación para indagar, por ejemplo, sobre las representaciones sociales de los diferentes actores acerca de la aplicación y eficacia de las normas existentes para impulsar el ecoturismo comunitario; también, sobre las fuerzas de poder que subyacen en el ideario de las normas.

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con el ideario de la normativa revisada para la definición de ecoturismo, se integran tres dimensiones: cultural, ambiental y productiva, a través de la responsabilidad social como eje cohesionador. Las tendencias se fundamentan en la participación de la comunidad, la sustentabilidad, y la biodiversidad, lo cual permite entrever una tendencia biocéntrica basada en las potencialidades socioecológicas de los territorios. Sin embargo, conceptualmente no hubo una apropiación en los documentos de política para implementar el enfoque de la sustentabilidad súper fuerte en el quehacer del ecoturismo.

El ecoturismo se define como la gestión sustentable de la biodiversidad, lo sociocultural y la construcción de paz a partir de la participación comunitaria en articulación con estrategias de educación ambiental y lineamientos claros del ecoturismo para el uso eficiente de la riqueza natural del territorio.

El Acuerdo de Paz con la FARC-EP está en función de fomentar e integrar la construcción de paz, la participación comunitaria en la política pública del ecoturismo y el desarrollo regional diferencial, mientras que la Ley 2068 de 2020 basa la modificación de la Ley General de Turismo en la sustentabilidad, la biodiversidad y lo sociocultural. En síntesis, se debe abordar la multifuncionalidad y potencialidades que subyacen de la relación comunidad-territorio que den un enfoque biométrico a partir de las particularidades locales, en aras de privilegiar el progreso endógeno del ecoturismo.

Se identificó la falta de coherencia e integración entre las políticas formuladas por el Estado en relación con la construcción de la paz, el papel de las comunidades y el ecoturismo como alternativa de un mejor vivir, mediante la valoración de la naturaleza y la inserción laboral de las poblaciones que habitan los territorios que vivieron y viven el fenómeno de la violencia de todo tipo. Con respecto a las oportunidades de inclusión laboral, estas no son explícitas en los documentos de política ni en la normatividad analizada, así como no son claros los mecanismos que posibiliten su materialización.

CONFLICTOS DE INTERÉS

Los autores declaran que no presentan conflictos de interés financiero, profesional o personal que pueda influir de forma inapropiada en los resultados obtenidos o las interpretaciones propuestas.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORES

Los dos autores de este artículo hicieron parte del equipo investigador del proyecto denominado Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en el Municipio de Florencia Caquetá. Los autores abordaron y trabajaron de manera conjunta todos los componentes del artículo; no obstante, en aras de especificar, las contribuciones de los autores se describen a continuación:

Lillyam López de Parra: Diseño del estudio, fundamentación teórica, recolección de información, redacción y revisión del manuscrito, y coordinación general.

Víctor Julio Balanta Martínez: Diseño metodológico, sistematización y análisis de la información, análisis de resultados, redacción y revisión del manuscrito.

NOTAS AL PIE

• arrow_upward Este artículo es resultado de investigación del proyecto Colciencias Código 64797. CT 18919: Estrategias socioculturales y ambientales para el fomento del ecoturismo comunitario en el Municipio de Florencia Caquetá. Financiado con recursos provenientes del Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Francisco José́ de Caldas, recursos ejecutados por la Universidad de la Amazonia.

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