Editorial

REFLEXIÓN SOBRE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES BAJO LA PERSPECTIVA CTS

Los estudios de CTS, desde distintas perspectivas, no son ahora tan escasos y  exclusivos  como  hasta hace pocos años, cuando en la década de los 60, y pasada la devastadora experiencia de la Segunda Guerra Mundial, los Gobiernos empezaron a interesarse e involucrarse cada vez más en el diseño de políticas económicas y sociales (Sarthou, 2018). De hecho, es motivo de celebración que los  ciudadanos  todos,  expertos  y sobre todo legos, tengan cada vez más espacios para formarse un criterio serio, a partir del planteamiento de preguntas interesantes que surgen de la observación de sus propios contextos: políticos, económicos, etc., y de las repercusiones éticas, que se visibilizan de manera especial en cada uno de los componentes del medio ambiente, que como se sabe, abarca no solo los sistemas físicos y naturales, sino también los sociales.

Justamente, uno de los aspectos medioambientales en los que a mi juicio se necesita enriquecer el análisis bajo la perspectiva CTS es la Gestión de Riesgo de Desastres –GRD-; más aún en Colombia, un país donde en las últimas décadas se han podido evidenciar  desastres  importantes:  movimientos de masa, inundaciones, incendios forestales, etc., que han puesto en entredicho la capacidad social de manejar la incertidumbre y prevenir los impactos negativos producto de las intervenciones antrópicas, ya sea por inadecuado uso de los recursos físicos, como por la aplicación de nuevas tecnologías, entre otros.

Colombia se ha reconocido en el mundo como un país pionero en cuanto a política ambiental. En 1974, con el Decreto 2811 del 18 de diciembre, surgió el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente, a partir del cual todos (Estado y particulares) debían ser parte de   la preservación y manejo de los recursos, por ser de utilidad pública e interés social. Luego, la Ley 99 de 1993 creó el Ministerio del Medio Ambiente, las corporaciones autónomas regionales y los institutos, además, fortaleció las instituciones e implementó los protocolos necesarios para mejorar el sistema de información ambiental. Menciono estas dos como las plataformas más importantes, aunque la legislación es más robusta, pero se constituyen en cimientos para la Ley 1523 de 2012, «por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el sistema nacional de gestión del riesgo de desastres». Esta última Ley evidencia la complejidad del estudio del medio ambiente, y la importancia de la GRD, pues de lo que se trata es, en últimas, de disminuir, y ojalá evitar, las pérdidas de vida de personas –y animales- vulnerables y la protección de sus bienes e infraestructura social, lo mismo que los medios de subsistencia. Proteger «la seguridad territorial y mejora la calidad de vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo», como lo afirma la Ley 1523, no es tarea menor. Estamos hablando de que la gestión del riesgo implica la planificación acertada del territorio en todas sus dimensiones: salud, economía, política, educación, cultura… estamos hablando de desarrollo.

En este sentido, hay suficiente evidencia de cómo diversas instituciones políticas nacionales, especialmente durante la primera veintena del siglo XXI, han venido desarrollando programas y políticas que despierten el interés y promuevan actitudes positivas hacia la ciencia y la tecnología con el fin de crear una cultura científica sólida (Polino & Cortassa, 2016).. ¿Qué puede ser más pertinente entonces para los estudios de CTS que la Gestión de Riesgos de Desastres? Las normativas que hablan sobre el conocimiento y reducción del riesgo, y el manejo del desastre, son sustancialmente herramientas que movilizan a todos los entes y recursos de una sociedad en un territorio. Calderón y Frey (2017) afirman en su artículo «El ordenamiento territorial para la gestión del riesgo de desastres en Colombia»:

El riesgo empieza a ser analizado como un producto de procesos sociales particulares, donde influye de manera directa o indirecta el modelo de desarrollo de cada sociedad. De esta manera, la identificación de la vulnerabilidad social empieza a ser una pieza esencial en el análisis del riesgo donde la pobreza, la desigualdad social, el analfabetismo, la corrupción y la estructura de Gobierno son variables sociales que necesitan ser tenidas en cuenta con el objetivo de generar resiliencia y adaptación territorial, conceptos que empiezan a ser asociados a fenómenos como el cambio climático (p. 242).

El conocimiento del riesgo, especialmente por parte de las comunidades, es   un   elemento  sustancial para llevar a cabo  asertivos  procesos de toma de decisiones para la resolución de sus problemas, debería ser el punto de partida. La reducción del riesgo y el manejo de los desastres dependen de él. Esto se logra en la medida en que todos se apropien y responsabilicen de su rol y entiendan las consecuencias de las acciones que realicen u omitan. La respuesta a los problemas puede provenir de distintos sectores, puede ser tecnológica o política, pero claramente se requiere mejorar los sistemas de información entre técnicos, tomadores de decisiones y público. La perspectiva CTS encuentra pleno potencial en la GRD, cuando se reconoce que «las personas y su bienestar deben ser la finalidad de la acción pública. Los territorios, los bienes materiales que de ellos se obtienen, y los procesos productivos que los generan, son a su vez sujetos de riesgos potenciales y deben constituirse como medios esenciales para la finalidad de la política pública» (UNGRD-IEMP, 2017).

No se deben escatimar recursos en el estudio de   la GRD. El entendimiento de las causas que hacen vulnerable una sociedad y las consecuencias respectivas, que incluyen las consideraciones éticas, es lo que procurará medidas de gestión eficaces que atiendan las necesidades y mejoren las condiciones de calidad de vida de las comunidades. Esto redundará en la disminución del riesgo. Las comunidades, a su vez, tienen el derecho no solo de conocer, sino también de hacer parte de la toma de decisiones en GRD, por eso debe sumarse la capacidad de afianzar actitudes y prácticas para el manejo de sus contextos.

En mi opinión, actuar como lo establece el marco de Sendai es otorgarle a la Gestión de Riesgos de Desastres, la visión CTS que le hace falta:

Empoderar las autoridades y comunidades locales en la toma de decisiones sobre la Gestión del Riesgo de Desastres, así como el reconocimiento de la Gestión del Riesgo de Desastres como elemento catalizador para el desarrollo sostenible son acciones que deben ser previstas por los Estados. La comprensión del riesgo con todas sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, la exposición de personas y sus bienes es otro de los principios. Este conocimiento debe contemplar la combinación del saber técnico de los riesgos con el conocimiento  tradicional,  el  conocimiento  de   las características particulares del territorio y la existencia de diferentes grupos poblacionales para que las decisiones adoptadas sean inclusivas.

Lila María Cortés Fonnegra
lilacortes@itm.edu.co
Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo
Doctorando en Salud Pública con énfasis en Gestión de Riesgos y Desastres
Universidad de Oviedo, España